Este
Congreso, que se llamó «Supremo Congreso de Venezuela» lo presidió
durante un período Felipe Fermín Paúl y fue Secretario el italiano
Francisco Isnardi.
Uno
de los primeros actos del Congreso fue nombrar al Poder Ejecutivo, el
cual quedó presidido por don Cristóbal Mendoza. Acompañaban a éste en el
triunvirato don Juan de Escalona y Baltasar Padrón.
Después
de declarar la Independencia de Venezuela el 5 de julio, el Congreso
dedicó la mayor parte de sus sesiones a discutir la primera
Constitución, que fue aprobada el 21 de diciembre de ese mismo año.
Aunque duró muy poco, ésta fue la primera Constitución de
Hispanoamérica.
El
15 de febrero de 1812 el Congreso suspendió sus sesiones y acordó
trasladarse a Valencia, designándola Ciudad Federal el 1º de marzo de
ese mismo año cuando reanudó sus sesiones.
El
Congreso prolongó sus labores hasta el 4 de abril de 1812, fecha en que
se disolvió y confirió facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo
para enfrentar la terrible crisis que vivía la República en aquella
fecha y ahora el Ejecutivo decide hacer lo propio, confiriéndole al
generalísimo, que se ofrece para recibirlas, todas las potestades
ejecutivas y legislativas, el 19 de mayo de 1812. Es así que Miranda,
quien apenas un año antes había sido mal visto y sus opiniones puestas
en duda sistemáticamente, pasa a ser responsable último de mantener
en pie un sistema político en el cual cada vez menos personas creen;
ahora no sólo debe ocuparse de las cuestiones militares, sino de las
políticas y económicas también.
El nombramiento, que ha pasado a la
historia como la Dictadura de Miranda, no será nunca
universalmente reconocido en el menguante territorio republicano y se
prestará para todo tipo de tergiversaciones sobre la autoridad real del
designado. En el papel tiene plenos poderes, pero en la realidad su
campo de acción es muy limitado frente a la magnitud del descalabro
económico, la confusión política y la resistencia de sectores que
sabotean su gestión constantemente. Su autoridad es tan limitada que
gobiernos locales como los de las provincias de Caracas y Cumaná
rehusarán abiertamente reconocer la autoridad de los gobernadores
militares designados por él en un área de su estricta competencia.
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